En los últimos días, varios gobernadores provinciales han reclamado al Gobierno nacional políticas reales que tiendan a garantizar el federalismo que se declamó durante la campaña proselitista. La cuestión volvió al tapete en virtud del paro del transporte de pasajeros en el interior del país. Los choferes reclamaban igual trato salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esa situación reavivó viejos reclamos que tienen que ver con los subsidios que el Estado nacional distribuye en esa zona para sostener a la baja las tarifas de los servicios públicos privatizados. Si bien en esa región se concentra una importante población, no es menos cierto que, en el caso del transporte, un habitante del AMBA pague $ 18 por boleto, mientras que en cualquier parte del interior ese pasaje cuesta tres y hasta cuatro veces más.

El planteo por más federalismo no es nuevo. Si bien la equidad tiene garantías constitucionales, en la realidad no siempre se cumple. El constitucionalista Antonio María Hernández ha señalado que el incumplimiento del proyecto federal de la Constitución han concurrido una multiplicidad de razones, que Pedro J. Frías, ex miembro de la Corte Suprema y ex gobernador de Córdoba, ha sintetizado en: el avance del gobierno federal sin adecuada resistencia de las provincias (como en materia tributaria o de las intervenciones federales); el desarrollo de las virtualidades centralizadoras de la propia Constitución (como por las facultades legislativas del Congreso o la cláusula comercial) y la infraestructura de concentración socioeconómica en el área metropolitana de Buenos Aires en desmedro del interior y del equilibrio del país. A eso se agrega el hiperpresidencialismo que se ha caracterizado en los últimos años.

La discusión por un nuevo marco de distribución de fondos y compensaciones es dura y, generalmente, los sucesivos gobiernos centrales han preferido no darla porque implicaría una puja política e institucional entre aquellos que quieren más fondos versus otros que no quieren que se modifiquen los porcentajes o reclaman más financiamiento. La coparticipación es otro claro ejemplo de los incumplimientos constitucionales. La Convención Constituyente de 1994 había previsto la sanción de un nuevo esquema hasta 1996, atendiendo al clamor de todas las provincias. La idea primigenia fue que, para esa nueva distribución, se tomen en cuenta parámetros socioeconómicos como los de población o de hogares con necesidades básicas insatisfechas, entre otros. Pero también se agrega otra cuestión: la constante descentralización de los servicios esenciales del Estado hacia las provincias, lo que implica un mayor gasto orientado hacia la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no alumbró ninguna normativa en ese sentido, debido a las pujas cada vez naturales de la política.

El debate del federalismo debe salir del terreno de las dilaciones y plantearse en torno de una negociación integral en la que Nación, provincias y municipios tengan voz y voto para llegar a un acuerdo que fortalezca la autonomía de cada una de las jurisdicciones. Sólo así podrá comenzar a construirse un federalismo que no dependa de la centralidad de las decisiones política de un gobierno de turno.